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Vivienda fija el control del plan estatal 2026-2030
Las comunidades, Ceuta y Melilla usarán una sola herramienta, enviarán informes periódicos y certificarán el gasto y los resultados de las ayudas de vivienda.

El Ministerio de Vivienda fijó el 6 de noviembre nuevas reglas para controlar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La Orden VAU/1167/2026 salió publicada en el BOE.
La norma indica cómo deben anotar el gasto, las tareas y los resultados los órganos de vivienda de cada comunidad. También se aplica a Ceuta y Melilla.
Las reglas ponen en marcha parte del Real Decreto 326/2026, de 22 de abril. Ese decreto fijó el marco legal y las condiciones de financiación de las ayudas y medidas del plan.
Una sola herramienta para todo el plan
Cada comunidad deberá mantener una serie de datos en una herramienta común. Ceuta y Melilla tendrán la misma obligación.
El sistema usará un único cuadro de mando. Reunirá datos sobre la gestión, el gasto, las metas y las previsiones. Así se podrá seguir el avance del plan.
La información debe incluir cuántas solicitudes llegan y cuántas personas o entidades reciben ayudas. Las comunidades también anotarán las tareas pagadas con esos fondos y el número de casas afectadas.
La orden fija el modelo, los plazos y la frecuencia para enviar los datos. También añade medidas para saber si se cumplen las metas y si los fondos públicos se usan según lo previsto.
Informes y controles
Las comunidades harán informes cada trimestre y cada año con esos datos. La información servirá además para explicar al Consejo Asesor de Vivienda cómo funciona el plan y cómo se evalúa.
Un nuevo sistema de certificados añade otro control. Los órganos que llevan las ayudas deberán confirmar que las tareas pagadas cumplen sus deberes. También aportarán los documentos y certificados del gasto y de las medidas que declaren.
La norma dice que estos pasos buscan reforzar el control del dinero público. También deben asegurar que se respeten las condiciones del Real Decreto 326/2026.
Esas medidas servirán para estudiar más adelante los resultados y el efecto social. El análisis medirá si las acciones pagadas ayudan a acceder y seguir en una vivienda digna.
La orden tiene fecha de 4 de noviembre. Aparece en el número 277 del BOE, entre las páginas 149270 y 149287.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE)
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