Benidorm abre expedientes tras hallar siete alquileres sin autorización

La Policía Nacional y la Policía Local de Benidorm localizaron el viernes 30 de octubre al menos siete viviendas del edificio Intempo que presuntamente recibían turistas sin la autorización exigida. La inspección se desarrolló en las dos torres situadas junto a la playa de Poniente.

En el dispositivo participaron unos 40 agentes uniformados. Varios equipos revisaron una selección de apartamentos de las torres Poniente y Levante, mientras una unidad de la Policía Nacional controlaba el movimiento de personas y vehículos en el exterior. Según la policía, residentes y huéspedes colaboraron y la actuación transcurrió con normalidad.

El Ayuntamiento tramitará las actuaciones

El Ayuntamiento de Benidorm tiene asumidas las facultades de inspección y sanción en materia de alojamiento turístico al amparo de un decreto ley valenciano que modificó la legislación autonómica de turismo. El Departamento de Comercio municipal se encarga de instruir los expedientes que puedan derivarse de estas comprobaciones.

La normativa incluye el principio de unidad de explotación para los establecimientos sometidos a ese régimen. La gestión debe depender de un único titular responsable, una regla que permite determinar a quién corresponde la responsabilidad administrativa cuando se detectan posibles incumplimientos.

Las siete viviendas están señaladas como presuntos alojamientos sin licencia; todavía no se ha comunicado una sanción firme surgida de esta inspección. Las actuaciones municipales anteriores son distintas: al menos cuatro multas fijadas inicialmente en 50.001 euros fueron abonadas tras el reconocimiento de responsabilidad y la aplicación de una rebaja del 50% por pronto pago.

Posibles diligencias por los huéspedes

La policía tampoco descarta abrir otros expedientes si la documentación revela incumplimientos en el registro de viajeros o en el envío de los datos obligatorios. El Real Decreto 933/2021 regula esas obligaciones para quienes prestan servicios de hospedaje y alquiler de vehículos.

Determinadas infracciones de registro y comunicación pueden considerarse graves en materia de seguridad ciudadana y conllevar multas de entre 601 y 30.000 euros. La policía sostiene que esos datos ayudan a prevenir e investigar delitos, aunque no ha afirmado que alguna de las siete viviendas haya incurrido en esa infracción.

Continuarán los controles conjuntos

Ambos cuerpos prevén mantener la colaboración para comprobar que propietarios y gestores de viviendas turísticas cumplen tanto los requisitos de la actividad como sus deberes documentales. En el Intempo, la inspección administrativa dentro de los apartamentos se combinó con un dispositivo preventivo en el exterior. La eventual sanción turística corresponde ahora al Ayuntamiento.

Fuentes: Europa Press y La Vanguardia.