El Supremo archiva cuatro escritos por la entrada masiva en Ceuta

El 4 de noviembre de 2026, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archivó una querella y tres denuncias por la entrada masiva en Ceuta en julio. El auto dice que no bastan para abrir una causa contra las personas señaladas.

Vox presentó una querella. Manos Limpias y dos particulares presentaron las otras tres denuncias. Los escritos se dirigían contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el Consejo de Ministros, en especial contra los responsables de Interior, Defensa y Sanidad.

Los denunciantes atribuían, entre otros delitos, prevaricación administrativa y dejación de funciones. Son acusaciones, no hechos probados por el Supremo.

Las denuncias citaban alertas, comunicaciones y noticias sobre informes del CNI. El tribunal dijo que esos documentos muestran que hay que examinar lo ocurrido, pero no permiten saber qué hizo cada persona. También señaló que es necesario aclarar quién tuvo la información, qué decisiones tomó cada cargo, qué medios tenía y qué papel desempeñó.

Aunque se aleguen varios delitos, dijo la Sala, hay que explicar qué intervención tuvo cada persona. Los escritos no vincularon a cada cargo con decisiones u omisiones concretas. Por eso, el Supremo no vio datos suficientes para abrir ahora un proceso contra los señalados.

El archivo afecta solo a estos cuatro escritos. No declara que los hechos no fueran delito ni que las personas señaladas no puedan tener responsabilidad penal. Tampoco es una absolución.

La causa sobre la entrada de julio sigue en la Audiencia Nacional, bajo la jueza María Tardón. Allí se investiga si las autoridades marroquíes pudieron promover el cruce masivo o si las españolas ignoraron avisos que podrían haberlo evitado.

El cruce tuvo lugar en los últimos días de julio, cuando decenas de miles de personas entraron en Ceuta por varios puntos de la frontera. Esta investigación sobre los hechos es distinta de los cuatro escritos archivados por el Supremo.

Si la causa reúne datos objetivos sobre la participación penal de un cargo aforado, la jueza debe enviar al Supremo una exposición razonada, tras un informe de la Fiscalía. Entonces, el Supremo decidirá si es competente y si abre un proceso.

Fuentes: Tribunal Supremo, El Mundo, elDiario.es y El Confidencial.