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El TSXG ordena al Concello pagar 4.583.632,93 euros al puerto
La condena cubre daños por incumplir un convenio de 1992, más intereses legales. La sentencia no es firme y puede recurrirse ante el Supremo.

El TSXG ha ordenado al Concello de Vigo pagar 4.583.632,93 euros a la Autoridad Portuaria. La cantidad lleva intereses legales y la sentencia no es firme.
El caso lo resolvió la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La Sala estimó el recurso de la Autoridad Portuaria.
El pago compensa daños por falta de mantenimiento en zonas del convenio Abrir Vigo al Mar, firmado en 1992. La nota judicial no dice que el Concello haya pagado ni que haya empezado el cobro.
Qué exigía el convenio
Firmaron el acuerdo el Concello de Vigo, el Consorcio de la Zona Franca y la entonces Junta de Obras del Puerto. Esta última es hoy la Autoridad Portuaria de Vigo. El convenio encargó al Concello conservar en buen estado las zonas afectadas.
Al terminar el acuerdo, la Autoridad Portuaria hizo obras para devolver esas zonas a su estado anterior. Los trabajos incluyeron reconstruir una zona que se desplomó durante O Marisquiño, en agosto de 2018. El cálculo no incluyó mejoras fuera del deber municipal, como el carril bici.
En 2022, sentencias firmes del mismo TSXG ya declararon legal la resolución del convenio por el incumplimiento del Concello. También pidieron un expediente administrativo para fijar las cantidades debidas. La nueva sentencia resuelve la suma reclamada en ese proceso.
Por qué ordena el pago
El Concello cuestionó el procedimiento usado para fijar la liquidación. La Sala rechazó sus objeciones. Dijo que la Autoridad Portuaria le permitió ser oído, defenderse y responder.
Los jueces concluyeron que las obras repararon daños causados por falta de mantenimiento. También señalaron que el Concello no ofreció otra valoración para rebajar la suma reclamada.
La cantidad ordenada es de 4.583.632,93 euros, más intereses legales. Esos intereses se suman al importe principal y no están incluidos en esa cifra.
La sentencia no es firme. El Concello puede presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. La nota oficial no informa de un recurso posterior ni confirma el pago.
Fuente: Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
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